¿Son comunes las prácticas ilegales en las pymes españolas?

Un nuevo estudio de BSA I The Software Alliance sobre percepción y actitudes frente a la corrupción en las empresas pone de manifiesto que el 73% de los trabajadores de pymes creen que los comportamientos ilegales y poco éticos son comunes en las empresas españolas, con un 18% que reconoce que es una práctica muy común. Eso sí, el porcentaje baja al 42% cuando se les pregunta por lo común que son estas prácticas en empresas como las suyas.

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Por otra parte, el 78% empleados españoles estarían dispuestos a informar sobre prácticas inapropiadas o ilegales en su empresa y, de hecho, un 15% afirma haber denunciado estos comportamientos en alguna ocasión. Las prácticas que estarían dispuestos a denunciar son las de bullying y discriminación, fraude, malversación, robos de la propiedad empresarial, evasión de impuestos, fallos a la hora de aplicar la regulación empresarial y prácticas ilegales en el ámbito de TI.

Respecto a estas últimas, el 46% de los trabajadores de pymes consultados creen que el uso de software pirata o sin licencia es una práctica ilegal, mientras que el 30% piensan que no es una buena práctica y el 14% que es una conducta poco ética. Además, el 81% cree que las empresas deberían afrontar consecuencias por el uso de software ilegal, principalmente consecuencias financieras, mientras que el 27% considera que deberían enfrentarse a consecuencias penales.

De acuerdo con el estudio, el miedo a ser descubierto y perder el puesto de trabajo son los principales obstáculos señalados por parte del 38% de los encuestados a la hora de reportar actividades ilegales en las empresas, mientras que el 13% afirma que, si creyeran que en sus empresas se llevan a cabo estas prácticas, nada les impediría informar sobre ello. En esta misma línea, el 26% de los españoles que trabajan en pymes apuntan que en sus compañías no se les proporciona un proceso interno para poder reportar estas prácticas. Sin embargo, el 29% si manifiesta que disponen de un proceso interno confidencial para notificar este tipo de actividades, mientras que el 32% tiene al menos directrices informales o una persona asignada para notificar esta realidad. Además, el 55% creen que no hay suficiente legislación ni salvaguardas para proteger a las personas que alzan la voz para denunciar estas prácticas.

Finalmente, el 56% de los encuestados opina que preferirían no trabajar en compañías que hayan sido juzgadas o sean sospechosas de haber llevado a cabo prácticas ilegales y poco éticas, mientras que un 17% opina que los casos sobre prácticas ilegales en el pasado no influirían en su decisión de trabajo.

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