Casi la mitad de profesionales españoles ve resistencia al cambio como barrera para la IA

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Un nuevo informe de The Economist Impact respaldado por SAS analiza la opinión de los europeos, entre ellos, los españoles, acerca de las principales oportunidades y barreras para la adopción de la IA en el sector público.

Este estudio se publica en un momento crucial, ya que la inteligencia artificial ya está transformando tanto la forma de trabajar como la productividad en el sector empresarial.

Beneficios de la innovación tecnológica VS resistencia al cambio

Los gobiernos siempre han sido cautelosos a la hora de asumir riesgos. En este sentido, el 70% de los encuestados opina que su organización solo adopta nuevas tecnologías después de que se haya demostrado su eficacia en otras organizaciones. A su vez, se extrae que la privacidad de los datos (75%) y las limitaciones de presupuesto (64%) son los principales obstáculos a la hora de implementar novedades. A estos problemas se unen los presupuestos ajustados o la falta de capacidad para manejar las tecnologías de vanguardia. En el caso de España, casi la mitad de los profesionales (47%) señalan la resistencia al cambio como principal barrera interna para mejorar la productividad, a la que sigue la falta de métricas adecuadas con un 41%. Y, sin embargo, a pesar de ser conscientes de los desafíos, un 91% de los encuestados cree que la implementación de nuevas tecnologías trae más ventajas que desventajas a su organización.

Más protagonismo para la IA

El 52% de los encuestados cree que, en los próximos 3 años, la inteligencia artificial tendrá un impacto significativo o crítico en la mejora de la productividad dentro de su organización.

Actualmente, según un 66% de la muestra, la mayoría de las empresas utilizan la modalidad de análisis predictivo de la IA. De cara al futuro, entre los usos más prometedores en los gobiernos, destaca la capacidad de predecir y planificar riesgos, por su potencia a la hora de simular escenarios. Si hablamos de exploración de tecnologías como la IA generativa, concretamente en España, los datos nos dicen que las organizaciones la fomentan en un 11%, cifra similar a la del resto de países europeos.

Por otro lado, la aplicación de la IA en el ámbito de la ciberseguridad y la prevención de fraudes también fue bastante popular, según un 54% de los encuestados. La complejidad de los delitos financieros y el blanqueo, unido a la sofisticación de las herramientas de inteligencia artificial utilizadas por los cibercriminales, está provocando entre los profesionales una tendencia a mejorar su uso personal de la tecnología para prevenir los ataques.

Al contrario que los modelos de adquisición tradicionales centrados en un único producto o proyecto, la IA a menudo requiere personalización y actualización continua. La reticencia del sector público a adoptar tecnologías se ha visto impulsada aún más por la falta de familiaridad con los modelos de Software como Servicio y la complejidad de gestionar tecnologías intensivas en datos. Los proveedores de tecnología pueden ser socios valiosos en este proceso, y prueba de ello es que casi la mitad de los encuestados (49%) citaron la externalización a proveedores externos como una de las estrategias más efectivas para mejorar la productividad.

Los empleados: claves en el éxito de las reformas tecnológicas

Las reformas de productividad están condenadas al fracaso si los empleados no las apoyan, y la encuesta muestra la necesidad de un mayor compromiso. Una minoría de los encuestados cree que los empleados y sus managers están principalmente involucrados en determinar las necesidades (15%), seleccionar el tipo de tecnología (14%) e implementar la tecnología (36%). Los trabajadores del sector público necesitan formaciones para entender los beneficios de las nuevas tecnologías.

También queda reflejado que las reformas de productividad son más efectivas cuando mejoran simultáneamente el impacto de los servicios gubernamentales en la sociedad y la experiencia de los empleados, ya que aumentan la satisfacción tanto de los trabajadores (58%) como de los ciudadanos (56%) al optimizar procesos, agilizar respuestas y facilitar el acceso a los servicios, reduciendo retrasos y agotamiento.