El aplazamiento de Verifactu da un respiro, pero no debe frenar la planificación de las empresas

El Gobierno ha confirmado que la entrada en vigor del sistema Verifactu, diseñado para garantizar la autenticidad e integridad de los registros de facturación, se aplaza un año respecto al calendario previsto. Las empresas sujetas al Impuesto de Sociedades deberán cumplir la normativa a partir del 1 de enero de 2027, mientras que autónomos y otros contribuyentes dispondrán de plazo hasta el 1 de julio de 2027.

La decisión, aprobada mediante real decreto ley, responde a la presión de asociaciones empresariales y de autónomos que reclamaban más tiempo para adaptarse, así como a compromisos políticos asumidos por el Ejecutivo en las últimas negociaciones parlamentarias. El presidente Pedro Sánchez lo confirmó en una entrevista en RAC1, donde señaló que el aplazamiento busca “facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales” y acompasar la digitalización del tejido empresarial.

Pese al alivio inicial, los expertos insisten en que esta prórroga no debe interpretarse como una invitación a retrasar la planificación. Sergio García Estradera, gerente de i3e, advierte de que posponer la adaptación puede resultar contraproducente: “Anticiparse ahora permite evitar los aumentos de precio y el efecto embudo que se producirá cuando la mayoría intente adaptarse a última hora”.

El especialista recuerda que las obligaciones técnicas siguen intactas y que Verifactu será, con retraso o sin él, el mecanismo que garantizará la transparencia exigida por la Ley Crea y Crece y la Ley Antifraude.

 

Una ventana estratégica para optimizar procesos y reducir costes

Desde el punto de vista económico, el aplazamiento abre una oportunidad para que las empresas revisen sus procesos internos y planifiquen la transición sin la presión de los plazos inmediatos.

Adelantarse permite evitar la inflación prevista en el sector tecnológico cuando la demanda se dispare en 2026, negociar con proveedores en mejores condiciones, reducir el impacto financiero de la implantación y minimizar interrupciones operativas.

Los expertos subrayan que la factura electrónica y Verifactu no deben verse únicamente como un requisito legal, sino como una palanca de competitividad. Entre los beneficios destacan la reducción de errores en la facturación, la mejora en la conciliación contable, plazos de cobro más cortos, una visión clara y actualizada de la liquidez, y mayor trazabilidad, clave en un entorno donde la información financiera es estratégica.

El aplazamiento no modifica el destino final: la factura electrónica será obligatoria y Verifactu se convertirá en el estándar para garantizar la integridad de los registros. Las empresas que actúen con previsión no solo cumplirán la ley, sino que ganarán ventaja en un mercado donde la velocidad y la calidad del dato son tan valiosas como el precio. La pregunta ya no es si adaptarse, sino cuándo y cómo. Y la respuesta, según los expertos, es inequívoca: cuanto antes y con mayor planificación, mejor.